La deuda de la seguridad social con 3 millones de chilenos

Columna por Alejandra López, gerenta de Vinculación con el Medio AAFP.

El diagnóstico persiste y es contundente. Las cifras del último estudio del Observatorio Perspectivas confirman que los trabajadores independientes en Chile suman ya 2,8 millones de personas, representando al 31% de la fuerza laboral. Sin embargo, la realidad de su protección social es alarmante: apenas un 35,8% de ellos cotiza en el sistema de pensiones (según datos de la Encuesta de Protección Social, EPS).

La pregunta es inevitable: ¿Qué pasa con los casi dos tercios restantes que no están ahorrando nada para financiar su pensión? La respuesta revela una grieta estructural e incómoda. No se trata solo de una postergación de la pensión futura. La situación es más urgente ya que esas casi 3 millones de personas trabajan sin una red de apoyo y sin seguridad social. Carecen de cobertura ante accidentes del trabajo, no tienen seguro de cesantía y su protección de salud es frágil frente a la volatilidad de sus ingresos reales.

Existe la creencia errónea de que el trabajador informal es solo aquel vendedor ambulante y que el independiente es un emprendedor que, al tener los recursos suficientes, no necesita cotizar para Seguridad Social. Pero la verdad es que la frontera entre el trabajo informal y el independiente está desdibujándose cada vez más. La realidad desmiente estos mitos, según los datos de la EPS: el 57,3% de los independientes percibe ingresos inferiores al salario mínimo y cuatro de cada cinco ganan menos de $700 mil mensuales. Además, sus jornadas están polarizadas: mientras uno de cada cuatro trabaja a tiempo parcial, casi un 30% tiene jornadas extenuantes que superan las 45 horas semanales. Es decir, hay precariedad y sobreesfuerzo conviviendo en el mismo segmento.

El diseño institucional actual sigue tratando esta realidad como una anomalía. El 85,6% de quienes no cotizan declaran que la razón principal es, simplemente, que no existe la obligación legal de hacerlo. Cuando la seguridad social es optativa en un contexto de ingresos inestables, la desprotección se vuelve la norma.

La coyuntura actual nos abre una ventana de oportunidad. En el marco de la Reforma de Pensiones y los compromisos legislativos de ingresar un proyecto específico antes de marzo de 2026, tenemos la chance de corregir el rumbo. No se trata de imponer el modelo de los trabajadores dependientes a la fuerza, sino de diseñar un esquema realista que reconozca la heterogeneidad de este grupo, pero que garantice un mínimo de protección y que logre además de obligatoriedad, apalancarse en soluciones

conductuales para hacer más fácil la cotización para Seguridad Social. El incentivo al ahorro y la seguridad social debe tomarse como pilar básico para ir hacia adelante.

Seguir ignorando que uno de cada tres trabajadores en Chile está quedando fuera del sistema no es una opción sostenible. Zanjar esta deuda es un imperativo ético y social que no aguanta más espera en un país que debe volver a la senda del crecimiento y el desarrollo y en dónde no existan trabajadores de primera y de segunda categoría.