Monto equivalente a casi US $29.000 millones se concentra en bonos y pagarés de Tesorería, Banco Central o Minvu. Otra parte tiene como foco el financiamiento de Codelco, Banco Estado, Enap, Enaer, entre otros.

La reforma previsional que se discute en la comisión de Trabajo de la Cámara Baja contiene un amplio abanico de cambios que, además de sus efectos en las pensiones, tiene impacto en la industria del ahorro previsional. Así, se propone separar la administración de las cuentas de la gestión de las inversiones. Lo primero queda en manos de un Administrador Previsional (APA) a partir del actual Instituto de Previsión Social (IPS), financiado con presupuesto fiscal. Para la inversión de los ahorros, en tanto, existirá un inversor público y autónomo (IPPA), que contará con un directorio elegido y ratificado por el Senado, se financiará inicialmente a partir de un préstamo fiscal por US$ 450 millones y luego con comisiones; y a elección del cotizante, inversores previsionales privados (IPP). Bajo este esquema, será el IPPA el que gestionará en forma exclusiva el 6% de cotización adicional que propone la reforma y el 10,5% que actualmente cotizan los afiliados -salvo que el afiliado indique lo contrario- adquiriendo así esta entidad un rol muy importante en el mercado de capitales, dado que instituciones y empresas recurren a los fondos de pensiones para obtener capital y solventar así sus operaciones y proyectos.

Sin embargo, no pocos expertos han levantado la voz respecto del rol preponderante que tendría el Estado como inversionista a través del IPPA y el hecho de que muchas de dichas inversiones están en entidades estatales.

Esto, teniendo en cuenta que según la Superintendencia de Pensiones los ahorros previsionales al cierre de octubre ascienden a US$ 145.977 millones. ¿Por qué? Según un estudio de la Asociación de las AFP, en torno al 20% de dichos fondos, equivalente a US$ 28.919 millones, están invertidos en el Estado a través de colocación de bonos y pagarés de la Tesorería General de la República —por US$ 24.753 millones y que representa el 16,63 % del total de las inversiones_-, Banco Central (US$ 603,24 millones) o Ministerio de la Vivienda (US$ 96,91 millones). de la misma forma, algunas empresas públicas acuden al uso de estos recursos para su financiamiento, como Codelco (US$ 552,88 millones), la Empresa Nacional del Petróleo (US$ 388,85 millones) o la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER por US$ 40,84 millones). Banco Estado es la segunda entidad estatal, luego de la Tesorería, que más recursos captan de los fondos de pensiones, con US$ 2.472,23 millones, equivalente al 1,66% del total (ver tabla). Según el gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes, “es un tema sensible, que además requeriría un detallado estudio para evitar los potenciales conflictos de interés que se podrían producir, porque, al final de cuentas, a las AFP se les juzga por la rentabilidad y seguridad que den a los ahorros previsionales”. El informe también detalla la inversión en acciones y bonos de empresas por sector económico, que representa un 14,25 % de los fondos de pensiones, totalizando US$ 21.217 millones, donde el sector servicios tiene cerca de la mitad de las inversiones (6,56%). Luego se encuentran el sector recursos naturales (3,99%), el eléctrico (1,84%), industria (161%) y telecomunicaciones (0,25%) y menciona la inversión en infraestructura vial y de transporte de pasajeros con una inversión por US$ 2.317 millones, equivalente a 1,56% del total, donde destacan la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), con US$ 737,69 millones (0,50%) y Metro S.A., con US$ 607,93 millones (0,41%). En esa línea, Fuentes agrega que “sectores críticos del sistema previsional repiten sistemáticamente que los ahorros van exclusivamente a grupos económicos, lo cual es absolutamente falso” y agrega que las AFP “no son bancos, y de allí que no es posible que actúen como entidades financieras con operaciones al por menor, con clientes, porque no son evaluadoras de riesgos de créditos a personas”. Resguardos del proyecto Algunos de los resguardos que se plantean en la norma apuntan a responsabilidades para el ente público de inversiones (IPPA), con sanciones civiles y penales, obligaciones respecto del Estado y el rol de la Superintendencia de Pensiones.

Así, por ejemplo, establece responsabilidad hasta de la culpa leve por los perjuicios en los fondos por incumplimiento y la obligación de “resarcir a las personas afiliadas y alos fondos que administran por los perjuicios directos que ellos” para directores, consejeros, gerentes, ejecutivos principales, dependientes, personas que le presten servicios o cualquier persona que participe en las decisiones de inversión de alguno de los fondos.

Sobre las sociedades anónimas abiertas en las que el fisco, directamente o por medio de empresas del Estado, instituciones descentralizadas, autónomas o municipales, tenga el 50% o más de las acciones suscritas, deberán comprometerse a vender el 30%, mientras que sobre el IPPA, aparte del directorio, tendrá un Consejo Técnico de Inversiones con la misión de emitir informes de sustentabilidad y hacer recomendaciones, entidad que será fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones, que actuará como ministro de fe de su actuar y tendrá como misión emitir los instructivos para el funcionamiento del sistema.

Fuente: Emol.com

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