¿Podría el Estado tener participación en empresas privadas o poner directores en las firmas que cotizan en bolsa, como lo hacen actualmente las AFP? ¿Cuáles serán los criterios de inversión que tendrá el Inversor de Pensiones Público Autónomo (IPPA)?

De acuerdo a expertos, estas son dos dudas claves para el mercado de capitales que deberá responder el Gobierno en caso de un eventual proceso de transición del sistema de pensiones.

El riesgo del Estado inversor

En paralelo a su tarea previsional, las AFP tienen un rol relevante en el mercado, con participación en empresas e incluso pueden nombrar directores en las compañías abiertas a bolsa.

Este año, las AFP nombraron directores en empresas como Colbún, Copec, Parque Arauco, Enel Chile y Enel Américas, y solo en octubre invirtieron más de US$102 millones en empresas en Chile, entre las cuales lideró SQM-B que durante el año ha tenido un 109% de rentabilidad (ver recuadro). En esa línea, abogados y economistas se preguntan si el Inversor de Pensiones Público (IPPA) tendrá las mismas atribuciones, es decir, si el Estado tendrá injerencia en la administración y gestión de las sociedades anónimas (S.A.).

Para el director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obach, los fondos de pensiones públicos podrían convertirse en un actor clave del mercado de capitales chileno, otorgándole al Estado el poder de definir el destino de las inversiones o la designación de directores en las S.A., entre otros.

“Es muy factible que el Estado se transforme en el inversionista institucional más grande del país, ya que sólo el Fondo Integrado de Pensiones (6%) llegaría a invertir en el mercado nacional aproximadamente un 10% del PIB hacia 2050, de acuerdo a la proyección del Gobierno. A esto habría que agregar los recursos que administrará la gestora estatal, que competirá con las privadas por la administración del 10,5%”, sostiene.

Como referencia, antes de los retiros, en diciembre del 2018, las AFP tenían invertido en el mercado nacional recursos equivalentes al 38% del PIB, y la AFP que más fondos mantenía en Chile tenía un 11% del PIB. En el nuevo sistema, el inversor público se llevará todas las cotizaciones por defecto, adjudicándose una ventaja de mercado.

“Dado que la reforma baja las barreras de entrada para las gestoras de fondos, es probable que se atomice el mercado y las nuevas gestoras privadas administren volúmenes de recursos menores a los que administran las actuales grandes AFP. En consecuencia, será el Estado quién probablemente se transforme en el principal inversionista institucional del país”, expone el director de Horizontal.

Cuidado en nombrar directores

De acuerdo a las últimas cifras de la Superintendencia de Pensiones, al 2020 las AFP contaban con 23 directores en empresas chilenas, los que son escogidos por head hunters en procesos públicos. En esa línea, los especialistas sostienen que es imprescindible detallar la modalidad mediante el cual el IPPA podría escogerlos.

Según el exjefe del área de Cumplimiento de Mercado de la Superintendencia de Valores y Seguros Hugo Caneo, en la materia hay ciertas restricciones que debieran emularse a nivel de selección de directores por parte del Estado. Por ejemplo, las que están en la Ley de Sociedades Anónimas.

“Se deben imponer exigencias de idoneidad y mayor publicidad de los procesos de selección. Por ejemplo, que debieran pasar por un proceso similar al que ya usa el ADP y no directamente por el IPPA. Además, debiera existir un catálogo muy exhaustivo respecto de conflictos de interés no solo personales del director, sino que respecto del gobierno de turno”, expone el experto.

¿Invertir solo en el Estado?

En el mercado apuntan a que el riesgo del Estado como el inversionista institucional más grande responde a los incentivos que este tiene para tomar decisiones desde un punto de vista político, que pueden entrar en conflicto con la sostenibilidad financiera del sistema.

Un ejecutivo de una corredora cuestiona que “el mundo político guarde silencio si el gestor público invierte en SQM, a pesar de que la acción sea un hit en el mercado” (ver recuadro).

Además sostiene que podría haber conflictos de interés como la inversión exclusiva en instrumentos del Estado en desmedro de bonos corporativos u otros instrumentos, o inversiones que no fuesen rentables.

«Es imprescindible saber si el inversor público (IPPA) se abocará a la rentabilidad financiera o a rentabilidad social. No debemos olvidar que es una cantidad de dinero enorme entregada al poder político y eso es muy peligroso”, dice el gerente general de Octogone, Manuel Bengolea, quien puntualiza que con el actual portafolio de inversiones, habría un conflicto de interés vinculado al IPPA, ya que el mayor acreedor de las AFP es el Estado, pues casi un 20% de las colocaciones de las administradoras están en bonos de Tesorería, bonos del Banco Central o de empresas estatales.

“Por ejemplo, ¿qué pasaría si el Estado busca financiarse con las pensiones y decide pasar todas las inversiones a Chile o busca comprar más papeles del gobierno?”, se pregunta Bengolea.

Otro reparo: transparencia con el 6%

Los expertos sostienen que equivocar el criterio de inversión podría generar que la rentabilidad estimada o garantizada para la administración del 70% de los seis puntos de cotización adicional (cuenta nocional que iría a reparto) no tenga respaldo efectivo en el fondo gestionado, generando un pasivo para el Estado que podría incluso gatillar alguna pérdida en la clasificación de riesgo.

Sobre la nueva cotización de un 6% y la cuenta nocional, el gerente de estrategia de Sartor Finance Group, Cristián Araya, dice que debe ser aclarado en detalle, “con peras y manzanas”.

“La razón está en que dejar ‘anotado’ digitalmente que las personas aportamos dinero y que después nos la van a devolver, como si hubiese sido una capitalización individual, se debe tener la certeza y claridad de cuál será la tasa nocional involucrada en el cálculo teórico de las pensiones, y de la información periódica respecto a si existen o existirán los fondos (garantías, seguros, o lo que sea esté involucrado) cuando sea mi turno de jubilación”, sostiene Araya.

Otro reparo recae en que el proyecto propone que los costos de administración externa sean asumidos por los gestores de inversiones (en lugar de cargarse a los fondos). Esto podría cambiar los incentivos de los administradores, “motivando a que se enfoquen en los costos de sus inversiones más que en la rentabilidad neta de éstas”, comenta Karol Fernández, autora del estudio “Comparación internacional de los costos de inversión y uso de administradores externos en los fondos de pensiones”, publicado por la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi).

Fuente: EMOL.cl

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