Algunos economistas afirmaron que la cotización representa un impuesto al trabajo, lo que generará informalidad y menores aportes a las pensiones. A la vez, cuestionaron la capacidad técnica del Estado para administrar los fondos.

Inversos juicios y críticas de economistas generaron los detalles de la reforma previsional que presentará próximamente el Gobierno, los que fueron dados a conocer en un reportaje publicado ayer en la edición de Economía y Negocios Domingo. Las luces sobre cómo se está construyendo el nuevo sistema previsional las dio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el reciente Chile Day en Nueva York ante la inquietud de analistas e inversionistas internacionales. La principal novedad está en el nuevo componente solidario colectivo que se propondrá con el 6% de cotización adicional con cargo al empleador. Este será administrado por una entidad pública, y al menos la mitad (3%) irá a “capitalización colectiva”, es decir, ahorro, pero no individual. El resto para reparto inmediato y mejorar las actuales pensiones.

En este esquema, solo se garantiza la propiedad y herencia sobre los fondos de Capitalización individual del 10% y no dela nueva “capitalización colectiva”. Sobre la base de la información disponible, algunos expertos coincidieron en que la cotización adicional representará un impuesto al trabajo, generando informalidad y menores cotizaciones que mermarán las pensiones. A la vez, cuestionaron la capacidad técnica del Estado para administrar los fondos, como sería con la reforma, aunque se prevé que habrá un rol para los privados en la cotización del 10% actual. Las AFP quedarían solo en gestión de inversiones. Los economistas también anticiparon un arduo debate en el Parlamento, dada la valoración de los chilenos por la propiedad y la herencia.
David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, sostuvo que el deber del Gobierno es entregar todos los detalles de la reforma que presentaría en agosto, tanto del entramado institucional como de su transición.

Además, indicó que debe “justificar muy bien por qué se requiere la adición del componente colectivo, tanto en su dimensión de reparto como en el formato de capitalización”. Bravo destacó que “será necesario justificar muy bien por qué es fundamental crear una nueva institucionalidad para la capitalización y determinar cómo van a ejercer sus derechos de elección las personas que tienen cerca de US$ 170 mil millones en sus cuentas individuales”. Impuesto al empleo Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School U.
De los Andes, señaló que “lo positivo de la fórmula es mantener el actual 10% como está; ojalá se establezca libertad de elegir al administrador de los fondos, aunque debe tenerse claro que se trata de ahorro delos trabajadores, con un objetivo de largo plazo, que debe buscar una adecuada combinación de riesgo y retorno, y ajustarse al perfil etario del cotizante”. Añadió que “lo negativo es la administración pública centralizada, que me parece no apropiada”. Aseguró que “el Estado no tiene el desarrollo tecnológico apropiado para entregar plena seguridad y buena calidad de servicio”. Pero lo que Cifuentes conside16 “más cuestionable, es el 6% de cotización adicional, ya que al ser un fondo colectivo, genera incentivos a la informalidad, porque se percibe como un impuesto al trabajo. Esto es complejo, porque la causa principal de las bajas pensiones actualmente es el déficit de cotizaciones.
Un sistema que las desincentiva no parece apropiado”. Bettina Horst, directora ejecutiva de Ly D, advirtió que “volver, aunque sea en forma parcial a un sistema de reparto, es contrario a lo que se requiere para enfrentar el envejecimiento de la población. Contrario a las reformas implementadas en distintos países que se han ido alejando de sistemas de reparto, adoptando sistemas de pensiones basados en cuentas de ahorro personales.

En el fondo lo que acá se está haciendo es colocar un impuesto al trabajo para financiar mayores pensiones actuales en vez de financiarlo con impuestos generales”. Horst sostuvo que la administración de los ahorros previsionales se encarecería al sumar la gestión de un nuevo fondo colectivo y el de las cuentas de ahorro personales, lo que implica un cargo mayor para los trabajadores y menores recursos para el ahorro en la vejez, Sobre el efecto de la reforma en las futuras jubilaciones, la directora ejecutiva de LyD indicó que “el hecho que aumente la tasa de cotización y con ello el ahorro para la vejez se traduce en mayores pensiones.

Pero dado que habrá un fondo de ahorro colectivo y un componente de reparto y tomando en consideración el envejecimiento de la población que se proyecta para el país, la sostenibilidad de los aumentos de pensión que se promete hoy pudiera no ser sostenible en el tiempo”. Salvador Valdés, Senior Fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAD), valoró la función delas AFP, especialmente en administración de cuentas y beneficios y gestión de inversiones, recordando su rol en los pasados retiros del 10%. En tanto, afirmó. Que la administración pública exhibe un “pésimo servicio”, dando como ejemplo que el Instituto de Previsión Social (IPS) demora más de nueve meses en procesar una pensión.

Sobre el 6% de cotización adicional, Valdés sostuvo que “no es creíble” que el 3% que se destinaría a reparto inmediato “vaya disminuyendo en el tiempo”. Añadió que “aunque lo diga una ley, ese 3% será aumentado con nuevas leyes previas a cada nueva elección presidencial, como enseña la experiencia en Chile: las pensiones con cargo a rentas generales subieron 50% en diciembre de 2019.

Ese mayor gasto fue nuevamente multiplicado al aprobarse la pensión universal (febrero de 2022), sabiendo los políticos que el envejecimiento duplicará esa carga dentro de pocos años y se hará insostenible”. A la vez, estimó que “ante ese 3% de impuesto al empleo formal, creciendo a 4%, 5% y 6%, la respuesta del mundo del trabajo será la de siempre: más informalidad y más subcontratación para evadir, lo que elevará las interrupciones de cotización y las pensiones contributivas disminuirán otro tanto”. Arduo debate parlamentario por propiedad Los economistas también fueron consultados respecto de si prevén un arduo debate en el trámite parlamentario de la reforma dada la valoración de los chilenos por la propiedad y la herencia, que quedaría solo para el 10% actual de cotización. David Bravo afirmó que “creo que así será.

Generalmente se dice que el “diablo está en los detalles’; creo que así será aquí y también estará en la transición que se dibuje”. Cecilia Cifuentes coincidió y señaló que “creo que la reforma no será de fácil aprobación, la mayoría de las personas quiere que sus aportes vayan a sus cuentas Bettina Horst indicó que “hoy la ciudadanía valora la certeza en cuanto a que sus fondos estarán disponibles para cuando se jubilen y que sean heredables”. Así, agregó, la reforma eliminaría esa seguridad, al menos respecto del 6% adicional de cotización. Salvador Valdés prevé que el debate parlamentario será arduo, “pero guiado por desconocimiento y mitos.

Que el Estado obligue a los trabajadores a contribuir al seguro social entre 15% y 25% más de lo que recibirán de vuelta en pensiones en promedio, solo con el fin de que tuna mitad de ellos deje herencia a hijos o parientes de 45-60 años de edad que no están en estado de necesidad, es estrambótico, Y ocurre hoy con el retiro programado”.

Fuente: El Mercurio