Advierten que crearía un monopolio y podría no tener los incentivos para innovar y mejorar.

Si bien hay un convencimiento transversal sobre la necesidad de una reforma de pensiones, entre expertos y exautoridades persisten dudas respecto de los impactos y alcances que tendrá la propuesta previsional que presentó el Gobierno. Una de esas visiones críticas proviene del abogado Alejandro Ferreiro, exsuperintendente de Pensiones, de Valores y Seguros, y de Isapres, y exintegrante de la Comisión Marcel. En entrevista publicada ayer en Economía y Negocios de “El Mercurio”, Ferreiro advirtió sobre el rol que tendrá el Estado en la industria. “Es un riesgo para el Estado centralizar tantas funciones que hoy día las desarrolla de una forma razonablemente eficiente el mundo privado”, dijo. Coincide con esa mirada Alejandro Charme, exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, exasesor del Ministerio del Trabajo y académico del Magíster de Políticas Públicas de la UDP. “Si querían darle un rol al Estado en el sistema de pensiones, me parece bueno en la medida que ese rol satisfaga una necesidad de los usuarios. Y que sea un prestador y administrador público dentro del sistema no es una necesidad de los usuarios”, plantea. El abogado advierte que la propuesta del Ejecutivo crea un monopolio estatal. “No puedes pretender decir que le vas a inyectar más competencia al sistema, con la creación de un actor público que compite deslealmente con el privado.

Primero, porque recibirá (las cotizaciones) por defecto; segundo, administrará mucho más dinero que el privado y, por lo tanto, tendrá costos más bajos; tercero, tendrá la demanda asegurada, porque la propuesta elimina la licitación de afiliados; cuarto, el privado no podrá comercializar y tampoco hacer publicidad, y además, el Estado va a tener información que el privado no tiene, y la información en el mercado es poder. Con este monopolio estatal, no hay incentivos para que ninguna AFP se convierta”, resume. La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, complementa: “Hoy hay distintos aspectos que los desarrolla bien el sector privado, ha habido innovación.

Por ejemplo, todo el sistema de pagos de Previred es un sistema privado, y el Estado va a tener que montar o comprarle la plataforma al sector privado, y queda la duda hasta qué punto va a poder ir innovando y tener los incentivos para ir mejorando si es el único que entrega ese servicio”, apunta.

Bettina Horst.

Fuente: El Mercurio

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