Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones – AAFP de Chile

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“Hay que mejorar los beneficios del Pilar Solidario sin afectar las cotizaciones”

7 junio, 2016

El Sistema de Pensiones Solidarias chileno, tiene al menos dos aristas que deben tenerse en cuenta al pensar en ampliarlo: primero, tiene un impacto en las finanzas públicas y, segundo, desincentiva la cotización previsional. Ambos problemas, podrían verse agudizados con el consenso público que ha suscitado la propuesta de la Comisión Bravo de aumentar la cobertura y los parámetros del sistema.

Previo a la reforma previsional de 2008, los pensionados de escasos recursos recibían apoyo del Estado mediante dos instrumentos: la Pensión Asistencial,para aquellas personas mayores de 65 años de edad sin pensión pertenecientes al 20% más vulnerable del país, y la Pensión Mínima Garantizada, para quienes no alcanzaban a financiar el monto de dicha pensión habiendo cotizado al menos 20 años y que no percibían otros ingresos superiores a la Pensión Mínima Garantizada por el Estado.

Es importante destacar que el Estado financiaba estas pensiones mínimas, solamente una vez que los ahorros previsionales del afiliado se hubieran agotado, exigiéndole por tanto al pensionado financiar el pago total de la Pensión Mínima Garantizada con sus propios ahorros previsionales hasta que estos se agotaran.

Con la Reforma Previsional de 2008, el sistema descrito fue sustituido por el Sistema de Pensiones Solidarias que ofrece a quienes hayan cumplido 65 años una Pensión Básica Solidaria beneficiando a quienes no reciben ninguna pensión y pertenecen a un grupo familiar del 60% más pobre de la población, ampliando así la cobertura del sistema y aumentando el monto del beneficio. Asimismo, beneficia a quienes no logren financiar con sus ahorros previsionales una pensión igual a la Pensión Máxima con Aporte Previsional Solidario, pagando un Aporte Previsional Solidario que permite mejorar la pensión de vejez. Este beneficio se determina como la diferencia entre la Pensión Básica Solidaria y el 31% de la pensión autofinanciada, partiendo del valor similar a la Pensión Básica Solidaria para quienes financian una pensión muy baja, reduciéndose linealmente hasta cero para quienes financian una pensión igual a la Pensión Máxima con Aporte Previsional Solidario. Posteriormente, en 2011, a través de la Ley 20.531, los pensionados del Sistema de Pensiones Solidarias quedaron eximidos de cotizar el 7% para salud, manteniendo los beneficios que ofrece FONASA a los cotizantes, cambio que también mejoró las pensiones de los jubilados.

La implementación de estas reformas ha permitido reducir la pobreza de nuestros adultos mayores. El Consejo Consultivo Previsional, en su informe correspondiente al año 2012 en base a la información recogida en la encuesta CASEN 2011, señala que la reforma redujo la pobreza en las personas de 65 años y más en 2,1 puntos porcentuales, mientras que a nivel de toda la población la caída fue de 0,7 puntos. Además, sabemos que en Chile no son los adultos mayores los más pobres de la población. Los resultados de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2013, señalan que los trabajadores activos y jóvenes son un 5% más pobres que la tercera edad.

Si a pesar de lo anterior, se decidiere implementar las propuestas de la Comisión de ampliar el Sistema de Pensiones Solidarias, debe tenerse presente que el sistema actual desincentiva las cotizaciones ya que mientras menor sea el ahorro previsional, mayores son los beneficios que se reciben. Así, cualquier aumento de cobertura y de montos desincentivaría aún más las cotizaciones, aumentado el gasto fiscal, incluso más allá de lo estimado, sin que necesariamente aumenten las pensiones, que debe ser el objetivo final de cualquier reforma.

Una forma de reducir el gasto del Sistema de Pensiones Solidarias (o de mitigar su aumento, en caso que decida ampliarlo) sería modificar el modelo de financiamiento del Aporte Previsional Solidario, siguiendo la línea de la antigua Pensión Mínima Garantizada por el Estado. Esto significaría: exigir al afiliado el financiamiento del Aporte Previsional Solidario con cargo a sus fondos hasta que estos se consuman, y solo luego, que el Estado pague la pensión completa, difiriendo el gasto y reduciendo la probabilidad de financiamiento fiscal.

Por otro lado, es imperioso generar incentivos a la cotización. En este sentido, se pueden plantear dos alternativas, que perfectamente pueden implementarse en conjunto. Primero: aumentar proporcionalmente el Aporte Previsional Solidario en función del número de cotizaciones para quienes registren al menos un cierto número de años cotizados.

Por ejemplo, un 3%, por cada año que superen los 10 años cotizados, caso en que con 30 años de cotizaciones la pensión total podría aumentar en más de un 30%. De esta forma, a mayor participación en el sistema, mayor sería el Aporte Previsional Solidario y en consecuencia se pagaría una mayor pensión final, generándose un claro incentivo a la cotización.
Segundo: aumentar el Aporte Previsional Solidario para quienes posterguen la edad de jubilación. Actualmente, al postergarse la edad de retiro disminuye el monto del aporte, siendo esto un claro desincentivo a postergar la edad de retiro. En concreto la propuesta es aumentar en un 10% anual el monto del Aporte Previsional Solidario, determinado a la edad legal, con lo cual se podrían mejorar las pensiones en cerca de un 8% por año que se postergue la edad de retiro.
Con ambas medidas, los pensionados que más tiempo hayan cotizado en el sistema y los que posterguen su edad de jubilación, obtendrán mayores pensiones, lo que no solo permitirá que la calidad de vida de los adultos mayores pensionados siga mejorando, sino que también se protege el gasto fiscal y del sistema en su conjunto.

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