Parlamentarios de todos los sectores desmenuzan los diálogos sociales que está llevando a cabo el Gobierno en materia de pensiones, a la vez que resaltan los puntos más importantes que debiese tener el nuevo sistema encargado de resguardar los fondos de capitalización individual.

Una de las principales promesas de campaña de Gabriel Boric de cara de elección principal, decía relación con un cambio sustancial en el sistema de pensiones, con un rol cada vez menos preponderante de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Y luego del traspié por la tramitación del quinto retiro, se ha intensificado el trabajo para concretar una reforma previsional, que el mismo ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelantó que podría ver la luz en agosto. De hecho, el titular de la billetera fiscal entregó algunos detalles de lo que buscan para este nuevo modelo. “Una primera capa base que es un beneficio uniforme, de carácter universal que terminó legislándose en enero. Luego una capa de ahorro de los trabajadores, que sea capaz de capitalizarse en el tiempo.

Una tercera capa que es de solidaridad al interior de una generación o entre generaciones, que debería permitir ayudar a generar más justicia y equidad en el sistema de pensiones, pero sin tocar los ahorros de los propios trabajadores, y una última capa ya de ahorro voluntario”, detalló en diálogo con radio Pudahuel. Y para concretar este anhelo, desde fines de abril la autoridad gubernamental viene trabajando en diálogos ciudadanos para abordar esta transformación en el sistema previsional. Pero aun cuando estas conversaciones han incluido a centros de estudio y más recientemente a las propias AFP, lo cierto es que también han aparecido dudas respecto del objetivo de estas mesas.

Según reportó El Mercurio el pasado miércoles, desde un comienzo la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) expresó sus dudas sobre un posible “sesgo” anti AFP -visión compartida por la presidenta de la asociación de estas instituciones, Alejandra Cox-, lo que llevó al gobierno a generar una instancia de conciliación que revise semana a semana los debates.

Y si bien admitió complicaciones al inicio de estas conversaciones, la ministra del Trabajo, Jeannette Bruna, sostuvo que “aquí no hay sesgos, los diálogos son neutrales porque queremos que resulte”. Pese a esto, el diputado Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano) genera una fuerte crítica y mira con suspicacia el devenir de esta instancia. “A Gabriel Boric y su sector ya los conocemos. Vimos cómo fueron los de la Convención y la realidad es que fueron hechos a su pinta y donde las conclusiones estaban manipuladas. El Gobierno busca con estas cosas hacer campaña encubierta, no solo por la estatización del sistema sino que por esa nefasta Constitución que redactaron”, subraya.

SENTIDO DE URGENCIA

Cuestionamientos más o menos, lo cierto es que el proceso ha avanzado tanto en su arista social como técnica, lo cual es destacado y genera cierta expectación en el mundo político. “Es un muy punto de partida, un ejercicio participativo muy democrático.

Tengo la expectativa que sea recogido el fruto de ese proceso en el futuro proyecto de ley, pues servirá para llegar a puntos de encuentro en la discusión legislativa”, plantea el diputado Luis Cuello (PC). Una postura similar es la que tiene la diputada Carolina Marzán (PPD), quien destaca particularmente la “democratización” las conversaciones para tener un nuevo sistema previsional.

Eso sí, deja en claro que “deben ser espacios vinculantes de decisiones futuras, es la manera correcta de hacer gobernanza y construir políticas públicas desde la mirada y realidad de la ciudadanía”. Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber, plantea que “es una buena idea conversar”, pero recalca que el principal pedido de la ciudadanía “es que todos estos procesos tengan un poco más de agilidad y creo que el Gobierno debiera apurar el envío de estas normas al Congreso y no esperar hasta después del resultado de la Convención, eso es demasiado tiempo, los jubilados no pueden esperar más tiempo”. “El Gobierno debe ponerle un poco más de sentido de urgencia al envío de sus reformas más importante como es en este caso la de pensiones, que en nuestras conversaciones en terreno los vecinos y vecinas nos piden que nos apuremos en este tema. Los diálogos son una buena herramienta, se necesita que el Gobierno pueda apurar los tiempos legislativos e ingresar una reforma de pensiones que pueda aumentar la jubilación de chilenos y chilenas”, indica.

ESCUCHAR TODAS LAS VOCES

En Chile Vamos también han destacado la apertura al diálogo que se ha propuesto desde el gobierno, pero advierten por un par de situaciones que se deben dar. En ese sentido, el diputado Andrés Longton (RN) puntualiza que “algunos sectores deben abandonar el relato ideológico que ha trabado la posibilidad de dar soluciones concretas. Debemos hacer mejoras sustantivas, priorizando los argumentos técnicos.
Nuestros adultos mayores necesitan certezas y soluciones en el corto plazo, no hay tiempo para más titulares”. “Creo que la inclusión de opiniones a la hora de generar políticas públicas es sumamente positiva, sobre todo si estamos definiendo algo tan fundamental y particular como las pensiones”, dice el diputado Hotuiti Teao (Ind/Evópoli). Asimismo, enfatiza que “es una buena medida, siempre y cuando, se pondere la opinión ciudadana con la intención real de la política pública”. De todas formas y pese a reiterar que la opinión de las personas es importante, postula que “la gracia de una política pública es que esta debe decidir por las personas en base a un bien superior. Este proyecto debe escuchar a todas las voces posibles e incluirlas en el diseño de la política, pero debe tener consideración por los aspectos formales y técnicos, sobre la metodología y la arquitectura del proyecto. Crear algo netamente por consulta me parece igual de peligroso que hacerlo sin la opinión de la gente”.

EJES CENTRALES DEL NUEVO SISTEMA

En el intertanto se desarrollan las conversaciones y se fijan los primeros lineamientos de lo debiese ser el proyecto del gobierno, los parlamentarios fijan sus posiciones respecto de los contenidos del mismo. Luis Cuello, por ejemplo, considera que “lo fundamental es construir un sistema previsional que reconozca los principios de la seguridad social, lo que hoy no existe.

Hoy existe un negocio financiero realizado con los salarios de los trabajadores que se llama AFP, y eso debe terminar”; mientras que Carolina Marzán opina que “un piso mínimo, fortalecer el pilar solidario y eliminar el lucro de las AFPs que se han convertido en centros de financiamiento antes de centrarse en la seguridad social”.

Desde otra óptica, Luis Fernando Sánchez apunta que se debe garantizar que los fondos “sigan siendo de cada uno de los chilenos y no terminar en un fondo común, donde políticos populistas pueden meter las manos y hacer desaparecer la plata”. Por lo mismo, apunta que el sistema podría ser administrado por las AFP, fundaciones o cooperativas, pero lo importante “es que no caigamos en el negacionismo económico de seguir creyendo que una empresa estatal es eficiente administrando recursos”. Andrés Longton, en tanto, considera que se debe garantizar la libre elección incorporando nuevos actores al sistema, la propiedad de los ahorros y que estos dineros sean heredables. En ese sentido, insta a “sectores de la constituyente y del oficialismo abandonen la idea de un sistema de reparto que ha fracasado, y donde los cotizantes pierden la propiedad absoluta de sus fondos. Necesitamos un sistema que sea más solidario y con capitalización individual, que se haga cargo de las lagunas previsionales y que, en definitiva, piense en los jubilados de hoy, pero también del futuro”.

Fuente: El Mercurio de Valparaíso