Superintendencia de Pensiones oficializa alza de topes imponibles para 2026 tras repunte en sueldos reales

El nuevo límite para cotizaciones de AFP y Salud subirá a 90 UF a partir de febrero, impulsado por el incremento de 2,5% en el Índice de Remuneraciones Reales informado por el INE.

La Superintendencia de Pensiones entregó este martes las cifras definitivas que marcarán el cálculo de la seguridad social en el país durante el presente año. A través de un comunicado oficial, el organismo confirmó que los topes imponibles mensuales experimentarán un ajuste al alza, el cual comenzará a aplicarse en las remuneraciones correspondientes al presente mes de febrero de 2026.

De acuerdo con la normativa vigente, el tope para el cálculo de las cotizaciones obligatorias de pensiones (AFP), salud y leyes de accidentes del trabajo se fijó en 90 Unidades de Fomento (UF). Este valor representa un incremento respecto a las 87,8 UF que rigieron durante el ciclo anterior. Por su parte, el límite imponible para el Seguro de Cesantía registró un salto más pronunciado, pasando de 121,9 UF en 2025 a 135,2 UF para el presente periodo.

El reajuste anual de estos valores no es discrecional, sino que está vinculado por ley al desempeño del mercado laboral. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Remuneraciones Reales registró una variación positiva de 2,5% en el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. Al ser un resultado positivo, la legislación obliga a actualizar los techos de cotización; de haber sido una cifra negativa, los valores se habrían mantenido congelados.

Los empleadores y trabajadores independientes deberán considerar estos nuevos parámetros para los pagos previsionales de las remuneraciones de febrero. El plazo legal para cumplir con estas obligaciones vence el próximo 10 de marzo, con una extensión excepcional hasta el día 13 para quienes realicen la operación a través de medios electrónicos.

Este ajuste busca mantener la proporción entre el ahorro previsional y el crecimiento real de los salarios en la economía chilena, asegurando que los beneficios de seguridad social no pierdan relevancia frente al aumento del poder adquisitivo de los trabajadores.