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Mayo 26, 2025
La alerta de la CPC sobre norma en consulta que restringe la publicidad en las AFP
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, dijo que la propuesta de regulación de la Superintendencia de Pensiones “atenta contra la legalidad y la libertad de expresión”.
En una carta publicada por El Mercurio, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez advirtió sobre las consecuencias institucionales del uso de normas administrativas para imponer nuevas restricciones desde el Estado. En este caso, apuntó a una reciente norma en consulta de la Superintendencia de Pensiones, que busca regular la publicidad con respecto a las administradoras de fondos de pensiones.
“Cualquier intento del Estado por imponer restricciones más allá de la ley buscando acallar voces discrepantes, atenta gravemente contra la legalidad, la libertad de expresión y la autonomía institucional garantizada en la Constitución”, señaló Jiménez en su carta, en el que además alertó que estas acciones “debilitan el rol de la sociedad civil, se atenta contra el Estado de Derecho y se pone en riesgo la democracia”.
La líder gremial enfatizó que Chile no puede normalizar iniciativas que excedan las atribuciones legales de organismos públicos. “Un país serio como el nuestro, donde el respeto a las instituciones y la certeza jurídica han sido y deben seguir siendo pilares de estabilidad y desarrollo, no puede dar curso a iniciativas que excedan las competencias legales de un órgano del Estado”, afirmó.
Una de sus principales críticas apuntó al uso de normas administrativas para ampliar las atribuciones de entidades fiscalizadoras. “Las normas que buscan —vía circulares— aumentar las atribuciones de la Superintendencia de Pensiones o de la Seguridad Social para ejercer control sobre los actos de una organización gremial y sus asociados, vulneran la autonomía de los cuerpos intermedios”, criticó Jiménez, alertando sobre una tendencia que considera peligrosa para el orden institucional.
En su cierre, la presidenta de la CPC reafirmó el compromiso del empresariado con el debate democrático y la formulación de políticas públicas. “Los gremios empresariales y las empresas que representan participan del debate público aportando a la construcción de buenas políticas públicas que propendan al bien común”, concluyó, dejando claro que la crítica no implica retraimiento, sino una defensa activa de los equilibrios republicanos.