Desde la Asociación de AFP y el Observatorio Perspectivas abordaron este escenario, junto con plantear medidas que contribuirían a reducir sus impactos.

La preocupación en torno a los efectos de la informalidad laboral y su impacto en materia de pensiones sigue latente.

Según un estudio del Observatorio Perspectivas, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de informalidad subió en los últimos meses, llegando a 27,5%. Esto se traduce en 2,5 millones de personas sin protección social, vale decir, sin cobertura para salud, cesantía, accidentes del trabajo o vejez.

El informe también señala que la incidencia de la informalidad es especialmente fuerte en los trabajadores por cuenta propia. De los hombres en este grupo, el 67,3% es informal, mientras que en el caso de las mujeres, el indicador llega a 70,1%.

«Las personas que no cuentan con protección social por no cotizar son más entre los jóvenes y los mayores. Entre los jóvenes esto es especialmente dañino porque el impacto sobre la pensión es sustancial», sostiene el documento.

El director ejecutivo de Perspectivas, Gabriel Cestau, señaló a DF que «no se puede ser indiferentes ante una tasa de informalidad que supera el 27%, con lo que supone desprotección frente a la enfermedad, el desempleo o la vejez».

El economista agregó que «si los países de altos ingresos logran tasas de informalidad menores a 13%, es seguro que nosotros podemos hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora».

Foco en los jóvenes

Concretamente, para Cestau, «los esfuerzos para combatir la informalidad se deben centrar en los jóvenes, que son los más afectados y donde las consecuencias son mayores».

Lo anterior preocupa a los expertos considerando que se generan «lagunas» previsionales entre los ocupados que no están cotizando.

«Estas lagunas previsionales son dañinas para el futuro, pues por ejemplo, no cotizar entre los 25 y los 29 años -cuando la jubilación está todavía muy lejana genera una pensión 25% menor», advirtió el análisis de Perspectivas.

En edades más tempranas, las tasas de no cotización son mayores, mientras que después tienden a caer y vuelven a aumentar desde los 60 años en adelante.

«Existe una proporción significativa de los trabajadores que no ahorran para su vejez: los jóvenes y los ancianos. Los esfuerzos de formalización se deben concentrar en los más jóvenes porque es allí donde se produce más daño a la pensión», concluyó Cestau.

Esfuerzos gremiales

La necesidad de combatir la informalidad movilizó hace varios meses a tres actores que decidieron unirse en la Mesa de Formalidad Laboral para abordar la problemática que enfrentan 2,5 millones de trabajadores: la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de AFP y la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH).

En una reciente entrevista con DF, la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, reveló que se espera que las propuestas de la mesa sean dadas a conocer en marzo y que tienen la expectativa de que pueda acaparar las miradas de distintos actores, entre ellos, el Gobierno.

La líder gremial sostuvo que el trabajo de la mesa consta de reuniones, al menos quincenales, en un trabajo sistemático a través del cual han escuchado exposiciones para proponer políticas públicas que permitan atacar el problema. «Hay conciencia en todos los actores, también en el Ejecutivo, pero no se ha tomado el toro por las astas», concluyó Jiménez.

El tema que moviliza a las AFP

El gremio que reúne a seis de las siete administradoras de fondos de pensiones, la Asociación de AFP, está trabajando en esta iniciativa y en ella se involucró su presidenta, Paulina Yazigi, advirtiendo sobre los efectos que tiene no cotizar en el futuro de la pensión.

La líder gremial señaló a DF que «casi un tercio de los trabajadores opera fuera del marco formal, sin contribuir a la seguridad social. Aunque esta tasa del 27,5% es menor al promedio de la región, duplica la de naciones desarrolladas».

Para la economista, «la pandemia marcó una caída temporal en la informalidad laboral, pero la recuperación del empleo aún queda corta, necesitando 262 mil empleos para volver a los niveles anteriores a la crisis».

En detalle, Yazigi sostuvo que desde 2019, la participación en el mercado laboral ha descendido de 63,4% a 61,8%, evidenciando un avance lento y una brecha de género que persiste».

Para Yazigi, «factores como la demanda por trabajos flexibles, cambios demográficos, mayor inmigración y un crecimiento económico estancado empeoran la situación, afectando principalmente a jóvenes, mujeres, y los más vulnerables».

Frente a esto, la presidenta de las AFP, junto a líderes de los otros dos gremios han buscado darle visibilidad a esta problemática. «La Mesa de Formalidad Laboral planea presentar en marzo un conjunto de propuestas para mejorar la situa ción laboral del país a corto y largo plazo», confirmó.

Fuente: Diario Financiero