El Informe de Impacto Regulatorio de la reforma de pensiones del Gobierno tiene serias omisiones, como señalar que la pensión autofinanciada mediana para los jubilados que cotizaron entre 30 y 35 años es de $329.248, sin revelar que, para ese mismo tramo, la mediana de los sueldos fue de $530.000.

También tiene contradicciones, como plantear que el aumento de seis puntos de cotización incentivará el empleo formal pese a la caída de liquidez de los sueldos, aludiendo a que para los sueldos bajos habrá un premio por cotizar en la pensión futura. Pero respecto del posible desincentivo que tiene la PGU sobre la formalidad, establece que “las personas de bajos ingresos tienden a subvalorar los beneficios futuros y ponen más atención a los beneficios del presente”.

La falta de prolijidad en la evaluación de impacto regulatorio en políticas públicas tan relevantes para el país como ésta es la que nos mantiene con el peor desempeño a nivel de la OCDE en metodologías para evaluación de impacto regulatorio. El nuevo presidente de la Cámara debiera considerar la creación de la Agencia Autónoma de Calidad de Políticas Públicas entre los 30 proyectos de ley que se propone desempolvar y aprobar.

Elisa Cabezón y Rafael Palacios

Red Pivotes

Fuente: DF.cl

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