Hace casi seis años la presidenta Michelle Bachelet recibió el informe de la comisión bravo sobre el sistema de pensiones. En este trabajo de 246 páginas, los 24 comisionados confirmaron con datos duros lo que ya se sabía las pensiones de la mayoría de los chilenos eran muy bajas.

En los seis años desde que se emitió el informe se continuó la licitación de nuevos afiliados, se obligó muy lentamente a los independientes a cotizar y aumentaron las transferencias del Pilar Solidario. Por supuesto, había que continuar reduciendo los costos de administración de las AFP, y así se ha hecho. Pero de lo más importante -del aumento en los aportes-, ni hablar.

Despejemos el ambiente. Las personas deben saber que los sistemas de pensiones modernos entregan dos tipos de beneficios: los no contributivos-financiados con aporte estatal- y los contributivos -financiados con aportes de los trabajadores a cuentas de ahorro-. Los beneficios no contributivos protegen a los adultos mayores de caer en la pobreza y, por su rol y financiamiento, son claramente solidarios o distributivos.

Los beneficios contributivos se obtienen a partir de aportes de cada trabajador a programas de ahorro obligatorio o voluntario a lo largo de la vida laboral. Debido al número creciente de adultos mayores por cada trabajador, ya no hay cabida a un sistema donde los jóvenes financien el período de retiro de los mayores. En este tema, los ciudadanos merecen un discurso franco. Las cuentas de ahorro generan una pensión en base a los aportes, su rentabilidad y la esperanza de vida del ahorrante al iniciar su pensión. Seamos claros y hablemos con la verdad, también en el discurso político: las pensiones en Chile se han hecho insuficientes, porque hacemos pocos aportes y vivimos cada vez más.

Los ahorros han estado seguros, han sido bien manejados y han rentado para los afiliados. Sin embargo, una pensión completa requiere el sustento de no menos de 30 años de contribuciones.

La propuesta de reforma del Ejecutivo que intentaba aumentar las contribuciones obligatorias quedó entrampada en el Congreso. Hubo desacuerdos relativos a la estructura del sistema y el rol de las AFP. También hubo discrepancias sobre la posibilidad de introducir un nuevo sistema de reparto, uno que distribuya recursos desde los aportantes de mayores ingresos hacia los de menores ingresos. Se habla de solidaridad intra e intergeneracional.

En una discusión seria es necesario reconocer que la solidaridad no es nueva en el sistema de pensiones chileno; ese es el objetivo del Pilar Solidario, financiado con impuestos generales. La propuesta alternativa insiste en financiar mayor solidaridad con impuestos al trabajo.

Si queremos distribuir, es más fácil y directo cobrar impuestos generales para destinarlos íntegramente al pago de beneficios solidarios. La alternativa, la vía de los aportes de los mismos trabajadores por medio de impuestos al trabajo, es más engorrosa y afectará negativamente el empleo. Dada la estructura existente en nuestro sistema, donde se pueden mejorar los beneficios solidarios a través de una pensión básica universal, los argumentos que se entregan para reinstaurar un sistema de reparto, simplemente no convencen.

Algunos proponen una reforma integral al sistema de ahorro. Para sostener esta idea se siembra confusión y desconfianza. Economistas como Nicolás Eyzaguirre y Paula Benavides han intentado entregar la ilusión de un sistema público más barato que entregue mejores pensiones. No hay ninguna evidencia que apoye esas aseveraciones, sobre todo cuando las AFP han hecho bien su trabajo bajo la estrecha supervisión de los reguladores. Es difícil argumentar que un sistema público monopólico entregará mejores servicios y a menor costo, comparado con el sistema integrado por siete administradoras que compiten entre sí. Esa no es la experiencia que tenemos los chilenos con los servicios proporcionados por el sector público. Comparar con los costos de instituciones en otros países elegidos en forma selectiva no prueba nada.

Lo más probable es que con tal reforma sucedan dos cosas: los costos van a aumentar y la calidad del servicio va a disminuir. Y para qué referirme al destino que se le pueda dar a los ahorros de cada trabajador, contra un vale vista o una promesa dudosa.

 

Publicada en La Tercera-Pulso

13 de agosto de 2021