Según una encuesta realizada por Criteria, por encargo de la Asociación de AFP, quienes se mostraron “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con un sistema 100% estatal, sin participación de privados, fueron el 68% en abril, pero en junio bajaron al 53%, por lo que se mantienen, por poco, como la mayoría.

—El acuerdo de la ciudadanía por un sistema de pensiones 100% estatal bajó 15 puntos porcentuales en tan solo dos meses.

Eso es lo que revela un sondeo realizado por Criteria, encargado por la Asociación de AFP, donde se consultó alas personas “cuán de acuerdo estás con que exista un sistema de pensiones totalmente estatal sin participación de privados”. Ahí, quienes se mostraron “muy de acuerdo” o “de acuerdo” fueron el 68% en abril. Pero en junio bajaron al 53%, por lo que se mantienen, como la mayoría. En cambio, quienes están “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo” con un sistema previsional netamente estatal, sin la participación de privados, eran el 32% en abril, pero aumentaron al 47% en junio.

El director y fundador de Criteria, Cristián Valdivieso, dice que lo que ha venido ocurriendo, en comparación a lo que pasaba antes de la discusión previsional que se ha dado en la Convención y en el Congreso, es que “la gente ha terminado con esta postura donde sentían que, como no querían alas AFP suponían que en las antípodas estaba algo que era virtuoso por defecto, que era el Estado, pero sin ver cuáles eran los costos de que todo pasara a ser parte del Estado.

Y lo que se ha ido instalando con fuerza es la necesidad, o la búsqueda, o la expectativa, de una provisión mixta, tanto del Estado como de los privados”. En esa línea, sele dieron dos opciones a los encuestados, para señalar cuál preferirían respecto de quién administre sus cotizaciones.

El 77% responde “que se pueda elegir quién administra las cotizaciones futuras, si un organismo estatal o administradores privados”; tras que el 23% prefiere “que sea un organismo estatal único el que administre las cotizaciones futuras”. Valdivieso señala que no solo la discusión sobre pensiones que se ha dado en el país llevó a la gente a tener más matices sobre el sistema que desean, sino también los retiros de fondos de AFP que “elevaron con mucha fuerza la conciencia respecto de la propiedad de los fondos, y eso también levantó valores que son bien intrínsecos de la idiosincrasia chilena, que tienen que ver con la propiedad. Entonces, la gente dice: “quiero tener mi parte, elegir quién me lo admiy al mismo tiempo, la gente ve que no esporsísoloel Estado una solución perfecta contra el mercado. ¿Esto ha elevado la valoración por las AFP? No. Poco, pero no.

Lo que ha elevado es la valoración por la libertad de elección, de la capitalización individual, y de la participación mixta, tanto del Estado como del mercado en la posibilidad de proveer pensiones”. De hecho, Criteria consultó: “Si se aprobara una reforma a las pensiones que estableciera un aumento de la cotización con cargo al Estado empleadores, ¿Cuál preferirías que fuera el destino de esa cotización adicional?”. Allí, el 49% respondió “que todo vaya a mi cuenta individual”, el 34% prefiere “que vaya una mitad a mi cuenta individual y la otra mitad a un fondo común para financiar pensiones de todos los chilenos”, y el 17% responde “que vaya todo a un fondo común para pensiones actuales y futuras de todos los chilenos y chilenas”. A raíz de lo anterior, el sondeo concluye que “desde septiembre de 2021 a la fecha, las expectativas sobre que las futuras cotizaciones vayan principalmente alas cuentas de capitalización individual han aumentado de el 42% al 49% y el fondo común como destino único ha caído 4 puntos”. Con todo, ante el escenario de que los empleadores aporten una cotización adicional de 6 puntos porcentuales, el 56% de los encuestados prefiere que se vaya todo a su cuenta individual, mientras que el 31% prefiere que una mitad vaya a la cuenta individual y la otra mitad aun fondo común, y el 13% prefiere que todo se vaya a un fondo común. En las pensiones dejaron de ser la principal preocupación de la ciudadanía hace algún tiempo. Según este sondeo de Criteria, combatir la delincuencia y el narcotráfico sigue apareciendo como tema prioritario (41%), y ahora, además, aparece la inflación (27%) entre las preocupaciones centrales la ciudadanía. Luego se posiciona asegurar el acceso universal a salud de calidad (26%), y controlar la inmigración (20%). Así, previsión (19%) aparece recién en el quinto lugar.

Es más, al consultar alas personas: “Si el actual gobierno solo pudiera realizar una reforma o cambio estructural para el país, ¿cuál de las siguientes alternativas consideras más urgente?”; por tercera vez en esta medición lidera “la ley de mano dura” contra la delincuencia(47%) como el cambio estructural más urgente para el país, superando por lejos a una reforma al sistema de pensiones (16%), que queda por primera vez en tercera posición, detrás de la reforma al sistema de salud (20%). Valdivieso comenta sobre esta baja que registra la reforma previsional en el ranking de urgencias de la ciudadanía: “La previsión sigue siendo un tema muy prioritario para la ciudadanía, pero lo es menos en relación a otros temas como la inflación, o del hiper presente, que agobian a toda la ciudadanía y no solamente producen temor particularmente en la gente que está cercana a la jubilación.

Pero también tiene que ver con que la reforma de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en algo acotó o aplacó la urgencia, lo que no significa que no siga siendo importante, pero en términos relativos ha bajado y ha dado paso con más za, además de los temas urgentes del día a día, a la reforma del sistema de salud”. Por otro lado, la encuesta también muestra que existe un acuerdo mayoritario (92%) sobre un cambio constitucional que asegure que los fondos de pensiones seguirán siendo de los trabajadores.

Esto, tras consultar a los encuestados qué tan de acuerdo están con “que el gobierno proponga un cambio constitucional que asegure que los fondos de pensiones seguirán siendo delos trabajadores”. Justamente un proyecto de este tipo ya fue enviado por el gobierno al Congreso y está siendo discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

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